Operación Calamar: Habrían montado una estructura para extorsionar bancas de apuestas y colmados

SANTO DOMINGO.- En la solicitud de allanamiento realizada por Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) al Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de fecha del 17 de febrero pasado, contra los exfuncionarios de la gestión del expresidente Danilo Medina, denominada Operación Calamar, indica que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, utilizó como complemento a la estructura gubernamental para hacer procesos ilegales de deuda pública y con ello distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado dominicano y con ello beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilícitos durante los periodos 2019-2020, con la finalidad de financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo candidato era Gonzalo Castillo y con este hecho incurrir en el lavado de activos y financierito ilícito de campañas, entre otros.

Cobros ilegales de bancas

Se determinó, de acuerdo con el documento, que más de 10 personas realizaron acciones en favor de los procesos de expropiaciones, cobros ilegales de bancas deportivas, de lotería y colmados donde se operan de manera ilegal máquinas tragamonedas cuya participación fue vital para lograr el pago emitido por el Ministerio de Hacienda.

Además cita como investigados a Mimilo Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma.

Dice que investigación tiene probado que el investigado Guerrero utilizó como complemento a la estructura del Estado para las acciones típicas cometidas por Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo y José Arturo Ureña.

Además, por Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras, Bernardo Rafael Ledesma Méndez, Ángel Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Agustín Mejía Ávila, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández de Paola y Emir José Fernández de Paola, entre otros cuyas acciones figuran en el expediente acusatorio.

Según la acusación, la partida proveniente de los procesos fraudulentos de expropiaciones destinada al financiamiento ilícito de campañas del también investigado Gonzalo Castillo y para operaciones de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, a través de la cual se efectuaba el lavado de capitales se le conocía con el codinome “Parte Oficial”y representaba el 30% de los ingresos de los procesos de expropiación que se realizaron de manera fraudulenta en el Ministerio de Hacienda, recibiendo el investigado Gonzalo Castillo la cantidad aproximada de RD$ 3,957,000,000.00.

“El Ministerio Público tiene evidencia de que el investigado Gonzalo Castillo, recibió esta cantidad en efectivo, en la mayoría de los casos de manera personal, de manos de Mimilo Jiménez, así mismo era frecuente que Gonzalo Castillo llamara y pidiera más y más recursos a sabiendas de la procedencia ilícita de estos fondos distraídos del Estado, que le fueron entregados a Gonzalo Castillo, supuestamente como parte de su campaña interna en el 2019 y su candidatura presidencial en el 2020, pero los mismos no fueron declarados ante la Junta Central Electoral, evidentemente porque no se podía justificar la procedencia”, sostiene.

Agrega que Donald Guerrero, dio instrucciones a Mimilo Jiménez, para que entregara el indicado capital ilícito en efectivo al investigado Gonzalo Castillo Terrero y el mismo siempre confirmaba las entregas.

Utilizaba sucursal bancaria

La estructura criminal de corrupción supuestamente utilizaba frecuentemente la sucursal bancaria del Centro de Acopio del Banco de Reservas, ID 45232, ubicado en la avenida Jiménez Moya, que, alegadamente obedecía a los intereses particulares de la organización delictiva, donde en principio el chofer de Mimilo Jiménez, Juan Alexander Tapia Holguín iba a retirar los fondos.

“Luego el acusado Andrés Guerrero procedió a enviar un camión blindado del Banco de Reservas, desde la sucursal bancaria antes indicada hasta el parqueo de la oficina de Mimilo Jiménez, ubicada en la Ave. Max Henrique Ureña, esquina Winston Churchill, torre In Tempo, usualmente alrededor de la 6:00 P.M., con el dinero disponible a raíz de las transferencias bancarias autorizadas por el Ministerio de Hacienda y posteriormente llevadas a la oficina comercial del investigado Gonzalo Castillo, ubicada en el Edificio Gampsa IV, piso 7, en la calle José López, entre las calles Luis Padilla y Amelia Francasci, D.N Santo Domingo, Distrito Nacional o en un lugar denominado la casita, ubicada calle ceiba no. 102, esquina helios en el sector de Bella Vista, como se ha indicado anteriormente”, explica el MP.

Agrega que Mimilo Jiménez entregó directamente a Gonzalo Castillo, RD$3,957,000,000,00, en efectivo, en bolsas y maleta de viajes, lo que confirmaba su participación en la estructura de corrupción donde se obtenía fondos públicos de manera fraudulenta para posteriormente invertirlos en campañas políticas y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capitales.

Estructura no gubernamental

En la investigación, el MP determinó que Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo Herrera, José Arturo Ureña, José Pablo Ortiz Giraldo, tenían una estructura no gubernamental que servía a los intereses de Donald Guerrero

La Dirección de Casino y Juegos de Azar, es la dependencia del Ministerio de Hacienda encargada de regularizar y fiscalizar las bancas deportivas, loterías y el uso de las tragamonedas.

Durante la gestión de Donald Guerrero, tenía como director a Oscar Arturo Chalas Guerrero, el cual fue luego sustituido por Julián Omar Fernando Figueroa, quienes formaban parte del denominado proyecto de las bancas, ambos recibieron las instrucciones de Donald Guerrero, para trabajar para la estructura que consistía en el cobro ilícito a las bancas deportivas, de loterías y a los colmadones, quienes debían pagar una mensualidad de lo contrario serían cerrados por Hacienda, con un equipo que actuaba bajo la dirección de la estructura que dirigían en la parte operativa Mimilo Jiménez, José Arturo Ureña, Fernando Crisóstomo, entre otros.

José Arturo Ureña introdujo a la estructura de corrupción a Frixo Messina Arvelo, el cual se encargaba del Cobro ilegal de las bancas deportivas, loterías y el uso de las tragamonedas dentro Dirección de Casino y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, quien ingresa el 4 de marzo del 2017 hasta el 8 de agosto del 2020, ostenta el cargo de Encargado de Operaciones.

Ilegalidad del proyecto

“La ilegalidad de este proyecto consistía en que la gestión de cobro, no la iban a realizar los organismos del Estado, sino la estructura no gubernamental con el apoyo de los encargados de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, en conjunto con los inspectores del Ministerio de Hacienda, por ende, el dinero obtenido del cobro fraudulento no lo percibía el Estado dominicano, sino la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero”, se explica en el expediente.

Agrega que el proyecto de las bancas deportivas, lotería y tragamonedas generaron sumas millonarias, ya que por este concepto entraban al mes en promedio RD$ 22,000,000.00 en provecho de la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero y en detrimento del Estado dominicano.

“Es así como los miembros de esta estructura de corrupción para estafar al Estado dominicano crearon otra maniobra fraudulenta para obtener montos millonarios, todo bajo manto y protección del Ministro de Hacienda Donald Guerrero, quien facilitaba los medios para permitir el cobro ilegal burlando todo proceso de control administrativo y legal”, asegura en MP.

Producto de este denominado proyecto o programa, el órgano persecutor, detectó la operatividad de las bancas deportivas y de loterías de forma ilegal, las cuales permanecen operando de manera clandestina, así como la utilización de tragamonedas en lugares no permitidos por la ley: “La existencia del sobre premio es decir que pagan más de lo que está permitido pagar por la jugada ganada, las bancas de lotería para comprobar el sistema de sorteo rápido computarizado, las bancas de lotería que posean sin licencias y bancas de loterías con licencias pero que no estaban al día con el pago de impuesto, bancas deportivas que no están al día con el pago de los impuestos, bancas deportivas con máquinas tragamonedas, sin autorización, bancas deportivas con máquinas tragamonedas que no están al día con el pago de los impuestos, colmados y colmadones que poseen máquinas tragamonedas”.

En el expediente se describe el proyecto o el programa como una especie de extorsión donde los dueños de bancas con personas como José Melchor González Calderón, propietario de la banca de lotería La suerte, King, Salce y banca deportiva Joel Sport, Out 27, Sport y King Sport, debían realizar pagos a la estructura de corrupción y de lo contrario la Dirección de Casino y Juegos de Azar, procedía a realizar el cierre de las bancas e incautación de tragamonedas.

En el documento se destaca que tan solo José Melchor González Calderón, realizó 43 pagos de un millón de pesos, es decir, 43 millones, a la estructura de corrupción que se denominaba el proyecto o el programa.

Los investigados Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernando Figueroa, recibían dos millones de pesos al mes, en efectivo, por ser parte de la estructura, apoyándola desde sus funciones para que se realizaran los operativos contra quienes no hacían los pagos a la estructura o violentaban sus reglas. 

El capítulo 099

Indica que, conforme a la necesidad, se apropiaron de la mayor parte de los fondos consignados en el capítulo 0999, obligaciones del Tesoro de los años 2019-2020, en particular los fondos de la subcuenta 4.2.1.1, en los cuales se aplicaron los pagos de expropiaciones que están siendo objeto de investigación.

“En ese sentido, el presupuesto nacional del año 2019, tenía una apropiación presupuestaria inicial de (DOP 90,418,321,156.00), de los cuales (DOP 32,552,4852,341.00), fueron destinados a la subcuenta 4.2.1.1, reservada para la disminución de cuentas por pagar a corto plazo. Mientras en el año 2020, se consignó para las obligaciones del tesoro, capítulo 0999, una apropiación presupuestaria inicial de ciento tres mil cuatrocientos setenta y siete millones cuatrocientos diecinueve mil quinientos siete pesos (DOP 103,477,419,507.00), de los cuales treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y siete millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos (DOP 34,687,418,476.00), fueron destinados a la sub cuenta 4.2.1.1, reservada para la disminución de cuentas por pagar a corto plazo, sufriendo esta sub cuenta una modificación presupuestaria para un aumento de veintinueve mil trescientos veinte millones novecientos cincuenta y ocho mil pesos con 60/100 (DOP 29,320,958,000.60), que elevó su partida a sesenta y cuatro mil ocho millones trescientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos con 60/100 (DOP 64,008,376,476.60), de los cuales fueron ejecutados un total de cincuenta y cuatro mil doscientos seis millones novecientos un mil seiscientos noventa y ocho pesos con 37/100 (DOP 54,206,901,698.37)”, establece el documento al que Diario Libre tuvo acceso.

KARINA JIMENEZ / DIARIO LIBRE